La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Jaca ha acordado solicitar a un ingeniero industrial un informe pericial para tratar de esclarecer las causas del accidente ocurrido el pasado día 18 de enero en la estación de esquí de Astún en el que finalmente resultaron heridas diez personas, dos de ellas de carácter grave.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, esta solicitud se enmarca en las diligencias penales abiertas por la instructora tras el incidente para indagar en las causas del accidente, que se produjo al salirse de su engranaje la gran rueda de arrastre que tira de las sirgas del telesilla.
Estas fuentes han señalado que la instructora ha encargado el informe a la vista del atestado elaborado por la Guardia Civil, que se limita en principio a describir el escenario del accidente y las consecuencias que tuvo para los esquiadores afectados.
Además, la magistrada ha comenzado a dirigirse a las distintas personas que se vieron afectadas por el accidente para ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa y de formular las reclamaciones oportunas durante el proceso de instrucción y, en su caso, en el procedimiento que pudiera derivarse de las investigaciones.
En cualquier caso, las fuentes referidas han advertido que la realización del informe pericial solicitado por la jueza se demorará aún en el tiempo debido a la complejidad del trabajo a realizar.
Al margen de la investigación judicial, el Gobierno aragonés y la propia estación de esquí han iniciado sus propias investigaciones para tratar de determinar las causas del accidente. Unos días después, la istración regional confirmó que la instalación había pasado las inspecciones pertinentes:
"una ordinaria antes de empezar la temporada a cargo de la empresa y una segunda de carácter exhaustivo que se produce cada cinco años y en la que se desmonta pieza a pieza".
El propio director comercial de la estación de esquí de Astún, Andrés Pita, confirmó, en declaraciones a EFE un día después del accidente, que el telesilla cumplía todos los estándares legales y había pasado las correspondientes revisiones, como exige la legislación aragonesa de transporte por cable, una de las más exigentes de España.
Pita destacaba en dicha entrevista que el remonte había pasado las pruebas anuales y contaba con la supervisión del Gobierno de Aragón, así como que la última revisión extraordinaria se realizó en 2021 y la siguiente ya no tocaba hasta 2026.
